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28 jun 2014

El Proceso de Calificación


La calificación de riesgo de un instrumento implica todo un proceso en el cual se evalúan distintos aspectos, tanto del instrumento como del emisor; y donde además se administra una gran masa de información de carácter cuantitativo (histórico y proyectado) así como cualitativo. Sí bien la evaluación es cualitativa en naturaleza, el rol del análisis cuantitativo es el de ayudar a efectuar la mejor evaluación posible, porque finalmente la calificación es sólo una opinión.
El emisor que se somete al proceso de calificación de riesgo debe estar consciente de que será menester develar completamente toda la información necesaria al calificador; la misma que, más allá de la información histórica y de proyecciones numéricas realizadas, puede incluir en ciertos casos hasta la revelación de planes o estrategias futuras. El ocultamiento de información impedirá que el calificador emita una opinión correcta, lo que a su vez perjudicará al emisor porque no obtendría el mejor precio para su emisión, e incluso perdería credibilidad con los inversionistas, dificultando cualquier emisión futura.
Es importante enfatizar que la calificación de riesgo es un proceso continuo, y por lo tanto luego de la primera evaluación la calificadora seguirá opinando sobre el nivel de riesgo de una determinado emisión, de acuerdo a los nuevos flujos de información. En algunos mercados esta renovación o modificación de opiniones se realiza de manera general cada cierto lapso de tiempo (v.gr. tres meses); aunque eso no debe excluir la posibilidad de variar la categoría otorgada en cualquier momento si los hechos así lo justifican.
El proceso de calificación involucra el acopio de información cuantitativa por el calificador, tanto de naturaleza pública, como aquella adicional que le brinde el emisor. Asimismo implica reuniones permanentes con la gerencia de la empresa para ponderar mejor aspectos de orden cualitativo. Podemos ilustrar un esquema característico de las etapas del proceso de calificación:
1.     El emisor provee la información necesaria.
2.      El staff de la ECR realiza el análisis, y somete los informes a consideración de su comité de calificación, el cual determina la calificación a otorgar.
3.     Se notifica al emisor la calificación.
4.     Usualmente es posible que el emisor pida una revisión, si no está conforme.
5.     La calificación definitiva se hace pública y se comunica al regulador.

Para una mejor apreciación de la información que se evalúa para la calificación, considérese la siguiente versión esquemática de referencia:

Sobre el emisor

• Situación financiera: Sobre la base de los estados financieros de los últimos periodos, se revisa el manejo financiero del emisor tomando en cuenta, principalmente, indicadores de liquidez, de solvencia, gestión, rentabilidad, calce (de plazos y monedas), cobertura de deuda y fuentes de financiamiento.
• Situación económica: se evalúan aspectos económicos vinculados a la eficiencia operativa del emisor, considerando básicamente la estructura organizativa, la calidad de gerencia, la estructura de costos, el volumen de ventas, de producción, la situación laboral; y también se analiza el flujo de caja proyectado, así como los planes futuros.
• Situación empresarial relacionada con el sector económico del emisor: se evalúa la interrelación del emisor con su entorno inmediato, esencialmente, a través de indicadores de participación de mercado, grado de integración, concentración o dispersión de ventas, sensibilidad respecto a las principales variables macroeconómicas (tasa de interés, tipo de cambio, etc.).

Sobre la emisión

• Liquidez: definida como la posibilidad de realización inmediata del instrumento minimizando pérdidas por bajos precios.
• Resguardos: Cláusulas del contrato de emisión de un instrumento, en las que el emisor se compromete a mantener algunos indicadores financieros dentro de ciertos márgenes. Su incumplimiento genera la exigibilidad inmediata del pago de la deuda.
• Garantías: Cauciones reales o personales (fianzas, hipotecas, etc.), que buscan proteger al inversionista en caso de incumplimiento del emisor.





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